La comuna confirmó que cumplirá las medidas ordenadas para el predio de La Tosquera y remarcó que aún no se determinaron responsabilidades.
La Municipalidad de San Pedro anunció que dará cumplimiento a la medida cautelar dictada por la Justicia Federal en la causa que investiga el impacto ambiental y sanitario del basural a cielo abierto de La Tosquera. Mediante un comunicado, el Departamento Ejecutivo sostuvo que respetará los plazos judiciales y ejercerá su derecho de defensa durante el proceso.
La resolución del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, emitida a pedido del fiscal Matías Di Lello y de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), ordenó implementar un plan de contingencia en 90 días corridos para el predio, que ocupa unas 20 hectáreas.
Entre las acciones exigidas figuran el cerramiento perimetral, la presencia de personal municipal durante las 24 horas para impedir descargas clandestinas y el control de los vehículos que ingresan con residuos. También se dispuso clasificar los desechos recibidos y registrar a los recicladores informales, con el objetivo de preservar su actividad.
Además, el juzgado estableció un plazo de 60 días para que la Municipalidad presente el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU), conforme al marco normativo ambiental.
En su respuesta, el Ejecutivo destacó que la decisión tiene carácter cautelar y preventivo y corresponde a una etapa inicial de la investigación. Según remarcó, la resolución no determina responsabilidades ni resuelve el fondo de la causa.
El Gobierno municipal también señaló que el fallo diferencia las medidas urgentes de las tareas necesarias para alcanzar el cierre y la remediación definitiva del basural, que requieren una intervención de mayor plazo.
Para respaldar su posición, la comuna mencionó la Ordenanza N.º 6656/2024 y sostuvo que la gestión de residuos forma parte de una política pública sostenida. A su vez, planteó que la magnitud del problema exige la participación de los gobiernos provincial y nacional, ante las limitaciones financieras y logísticas del Municipio.
El cumplimiento de las disposiciones judiciales, indicó el Ejecutivo, se coordinará con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de autoridad de aplicación.
La investigación tramita bajo la Carpeta Judicial FRO 31942/2026/1, identificada como Caso Coirón N.º 121068/2026, por una presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos N.º 24.051. La medida se sustenta también en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente.
Por último, la Municipalidad pidió a los vecinos no ingresar al predio, no arrojar basura en sus alrededores y evitar la quema de residuos. También solicitó utilizar los Puntos Verdes y comunicar a la Dirección de Ambiente cualquier incendio o descarga ilegal.
