El abogado de Cabaleyro y Espíndola anunció que solicitará la remoción del edil tras la absolución de los sindicalistas.
El abogado Gabriel Ruíz, defensor de los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando José Espíndola, anunció que presentará un pedido de destitución contra el concejal de La Libertad Avanza Ariel Rey ante el Concejo Deliberante de San Pedro. La iniciativa fue anticipada después de la absolución de los sindicalistas en la causa vinculada con el conflicto en la distribuidora de la familia Rey.
En declaraciones a Buenos Aires/12, el letrado explicó que también prepara una demanda civil por daños y perjuicios y que buscará que Rey afronte las costas del proceso. Según indicó, el fallo absolutorio fue dictado sin imponer ese pago al denunciante.
El planteo contra el concejal se apoyaría en presuntas irregularidades en la registración laboral de empleados de la distribuidora. Ruíz sostuvo que las pericias contables incorporadas al expediente mostrarían que había trabajadores inscriptos por media jornada, aunque cumplían jornadas completas y, en algunos casos, horas extras.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa. El anuncio de un pedido de destitución no implica que exista una resolución del Concejo Deliberante ni una determinación judicial sobre esas presuntas irregularidades.
El abogado también cuestionó el origen de la denuncia penal y sostuvo que el conflicto debía tramitarse en el ámbito laboral. Por su parte, Cabaleyro afirmó que los bloqueos denunciados no fueron acreditados durante el juicio.
Rey anticipó ante medios locales que impulsará acciones contra el juez que dictó la absolución, de acuerdo con lo publicado por Buenos Aires/12.
El conflicto que dio origen a la causa comenzó en 2021, en el marco de una disputa por la afiliación de choferes de la distribuidora al Sindicato de Camioneros. Las diferencias entre la empresa y la organización gremial derivaron en una denuncia penal y en la posterior detención de Cabaleyro y Espíndola.
Según la información publicada, ambos permanecieron más de cuatro años bajo prisión preventiva, con un período de alojamiento en la Unidad Penal N.º 3 de San Nicolás y otro bajo arresto domiciliario. La extensión de esa medida fue cuestionada por la defensa ante distintas instancias judiciales.
Buenos Aires/12 informó además que se requirieron explicaciones a la jueza María Eugenia Maiztegui, quien intervino en la etapa inicial del expediente, sobre los plazos de la prisión preventiva y las respuestas a los pedidos de libertad. Ese requerimiento no constituye una sanción, sino una solicitud de información sobre su actuación.